Por: Lic. Jorge Nader López. – socio de Nader Abogados
La Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés) representa un avance significativo en la lucha global contra la corrupción. Impulsada por la administración del presidente Biden en diciembre de 2023, esta ley amplía el marco jurídico estadounidense contra el soborno al modificar la Sección 201 del Título 18 del Código de los estados Unidos para tipificar como delito, sancionable hasta con 15 años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares o 3 veces el valor del soborno, el acto de exigir o aceptar sobornos por parte de funcionarios extranjeros relacionados con Estados Unidos o con una persona estadounidense. Su objetivo es mejorar la rendición de cuentas y combatir la corrupción internacional y deriva del Memorando de Seguridad Nacional 2021 del presidente Biden.
Los contornos básicos de la FEPA son:
1.- Fundamentación Jurídica Internacional. – La FEPA se inscribe dentro de un marco de esfuerzos internacionales encaminados a erradicar la corrupción, siguiendo directrices de convenciones clave como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y la Convención de la OCDE contra el Soborno. Estos instrumentos internacionales han servido como pilar para la FEPA, proporcionando un andamiaje jurídico global que enfatiza la necesidad de medidas extraterritoriales en la persecución de delitos de corrupción. En este sentido, se denota que los Estados Unidos busca cerrar brechas legales que hasta la fecha permitían a funcionarios corruptos evadir la justicia.
2.- Jurisdicción Extraterritorial y Aplicación Práctica. – Una de las características más novedosas y debatidas de la FEPA es su extensiva jurisdicción extraterritorial, permitiendo a las autoridades estadounidenses perseguir actos de corrupción cometidos en el extranjero siempre que tengan nexo con intereses de Estados Unidos. Esto implica un conjunto importante de desafíos legales y diplomáticos que esta jurisdicción implica, a partir de casos emblemáticos y la respuesta internacional ante dichas acciones.
3.- Impacto en Empresas y Políticas de Cumplimiento. – La FEPA ha tenido un impacto inmediato en las políticas de cumplimiento de las empresas multinacionales, obligándolas a reevaluar sus estrategias de mitigación de riesgos y prácticas de due diligence. Este segmento de la ley detalla las implicaciones para las corporaciones, subrayando la importancia de un enfoque proactivo para evitar infringir la ley. A través de ejemplos concretos, se ilustra cómo la FEPA ha modificado el panorama de cumplimiento global, estableciendo nuevos estándares para la interacción con funcionarios extranjeros.
Mirando hacia el futuro, la FEPA se perfila como un catalizador para futuras legislaciones anticorrupción, tanto a nivel nacional como internacional. Además, proyecta las posibles tendencias en la legislación y la cooperación internacional en este ámbito, identificando oportunidades para fortalecer la lucha contra la corrupción a través de mejoras en la FEPA y en el marco global de gobernanza. Para lograrlo, será importante construir acciones dirigidas a optimizar la implementación de la ley y a fomentar un enfoque más colaborativo y eficaz en el combate a la corrupción.
No obstante, la FEPA genera interrogantes en cuanto a su aplicación en México: ¿Cómo se va a aplicar? ¿Cómo va a llevar EUA a juicio a servidores públicos mexicanos? ¿Los va a extraditar? ¿Qué pasará con el fuero? ¿Les va a quitar/negar la visa? Y, sobre todo, ¿qué cambios en el compliance de una empresa se deberán hacer? Con el tiempo, y la aplicación de la FEPA se irán resolviendo esas y otras problemáticas.
En conclusión, la FEPA emerge como una herramienta jurídica esencial en el arsenal contra la corrupción global, extendiendo la capacidad de Estados Unidos para perseguir la corrupción más allá de sus fronteras y estableciendo un precedente para la acción internacional coordinada. Mientras la FEPA logre el fortalecimiento de las legislaciones nacionales existentes, su éxito dependerá de la cooperación internacional y de la voluntad política de los países para adoptar medidas similares. La lucha contra la corrupción es, en última instancia, un esfuerzo colectivo que requiere no sólo leyes robustas, sino también un compromiso global para erradicar este flagelo.
