Por Nader Abogados
El miércoles 16 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un decreto que modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A primera vista podría parecer un ajuste administrativo más, de esos que suelen pasar desapercibidos. Pero al revisarlo con cuidado, uno descubre que se trata de una reorganización profunda, con implicaciones prácticas para la vida cotidiana de la ciudad, para el trabajo policial y para quienes nos visitan.
Uno de los ejes centrales del decreto es la formalización de la Policía Turística como una Dirección Ejecutiva con funciones claramente delimitadas. Aunque esta figura ya operaba en los hechos, ahora se reconoce su existencia normativa y se le dota de atribuciones que antes no estaban claramente asentadas. La Policía Turística podrá, por ejemplo, establecer operativos coordinados en zonas como el Centro Histórico, Coyoacán, Xochimilco o la Basílica de Guadalupe, donde el número de visitantes es especialmente alto. También podrá colaborar directamente con embajadas y consulados para atender denuncias o necesidades de turistas extranjeros, y participar en redes internacionales de seguridad turística. Esto no solo mejora la atención al visitante: fortalece la imagen de una ciudad que se toma en serio su vocación global.
Otro aspecto destacable es el énfasis que se pone en el bienestar del personal policial. La Dirección Ejecutiva de Salud y Bienestar Social recibe nuevas funciones que reflejan una visión más humana del trabajo policial. Se le encomienda, por ejemplo, la vigilancia del funcionamiento del Centro de Día y Apoyo Familiar para Niñas y Niños de Mujeres Policías —conocido como “Atenea”—, un espacio que permite a las madres policías dejar a sus hijos en un entorno seguro mientras cumplen con sus jornadas laborales. No es un tema menor: muchas de ellas trabajan turnos prolongados, en zonas de riesgo, sin redes de apoyo cercanas. Un centro como este no es un beneficio accesorio, sino una necesidad básica para garantizar su permanencia y desempeño.
También se refuerzan los servicios psicológicos para el personal. Se vigilará que la Unidad de Atención y Referencia Psicológica funcione adecuadamente y cuente con personal suficiente. En una institución que enfrenta situaciones de estrés, violencia y presión constante, contar con atención profesional oportuna puede marcar la diferencia. Del mismo modo, se regula la existencia de los grupos musicales institucionales, que aunque podrían parecer anecdóticos, tienen una función de representación simbólica y de vinculación con la ciudadanía. La banda de música de la policía, por ejemplo, ha participado en actos escolares, eventos públicos y ceremonias oficiales. Su presencia refuerza la idea de una policía cercana, no solo reactiva.
En el terreno de la protección animal, las reformas refuerzan el papel de la Brigada de Vigilancia Animal. Se le otorgan facultades para actuar ante casos de maltrato, abandono o riesgo, y para promover una cultura de trato digno y tutela responsable. Esto responde a una demanda social que ha crecido en los últimos años. No son pocos los casos en que vecinos reportan perros abandonados, animales lastimados o especies silvestres retenidas ilegalmente, sin que existiera una respuesta institucional clara. Ahora, la Brigada contará con más respaldo jurídico para intervenir y canalizar estos casos.
La Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito también amplía su espectro de acción. Se le encarga establecer vínculos con prestadores de servicios turísticos, coordinar acciones de prevención del delito en zonas específicas, y fomentar programas culturales, deportivos o asistenciales dirigidos al personal policial. Este enfoque de prevención, vinculación y bienestar refuerza la idea de que la seguridad ciudadana no se construye solo con patrullas y operativos, sino con confianza, presencia comunitaria y respuestas sensibles.
Naturalmente, estas transformaciones implican ajustes operativos. La Secretaría deberá modificar su Manual Administrativo, hacer los movimientos presupuestales necesarios y, en su caso, realizar cambios de personal para cumplir con las nuevas responsabilidades. También se establece que quedan sin efecto todas aquellas disposiciones internas que se opongan al nuevo reglamento.
Al final del día, lo que estas reformas expresan es una apuesta por modernizar el enfoque de seguridad pública. Una policía más profesional, más cercana, más sensible a la diversidad social y más consciente de su papel dentro de un proyecto de ciudad abierta y segura. Una institución que cuida a quien la integra, que se articula con otras dependencias, y que responde —desde la proximidad, no desde la fuerza— a las necesidades de una ciudadanía compleja y en transformación.
Ahora toca observar con atención cómo se implementan estas reformas, y qué oportunidades abren para construir una seguridad más humana, más justa y más eficaz.
