Por: Carlos Daniel López Avilés. – colaborador en Nader Abogados
La recién reforma al Código Penal para el Distrito Federal, que incluye la adición del capítulo VIII sobre extorsión, representa un avance significativo en la lucha contra delitos que afectan la seguridad y la integridad de los ciudadanos, Esta modificación no solo responde a una necesidad urgente de actualizar el marco legal, sino que también refleja un compromiso por parte del legislador para legislar problemáticas que han provocado aumento en la inseguridad constante en nuestra sociedad.
La extorsión, como delito, ha tomado un papel protagónico en la agenda de seguridad pública. Las cifras de denuncias han aumentado, evidenciando un fenómeno que afecta tanto a individuos como a empresas. La inclusión de un capítulo específico para la extorsión en el Código Penal se traduce al reconocimiento de la gravedad de este delito y la necesidad de sanciones más severas y específicas por parte de los legisladores.
Desde la perspectiva del derecho penal, esta reforma plantea varios desafíos y oportunidades. En primer lugar, la tipificación clara del delito permitirá a los operadores de justicia actuar con mayor precisión y eficacia. La existencia de definiciones específicas y sanciones adecuadas facilitará la investigación del Ministerio Público y cualquier determinación de los jueces, quienes podrán aplicar la ley de manera más coherente y justa. Sin embargo, también es fundamental que esta reforma vaya acompañada de un fortalecimiento en la capacitación de los cuerpos de seguridad y del sistema judicial. La implementación efectiva de estas nuevas disposiciones requerirá no solo de un marco legal sólido, sino también de un compromiso real por parte de las instituciones para garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas.
La reforma al Código Penal para el Distrito Federal representa un paso positivo hacia la construcción de un entorno más seguro y justo. Sin embargo, su éxito dependerá de la voluntad política, la capacitación de los operadores de justicia y el compromiso de la sociedad civil para exigir y defender el respeto a la ley y nuestra protección, de esta forma podremos avanzar hacia un sistema penal que no solo castigue, sino que también prevenga y proteja a los ciudadanos de los abusos y delitos que amenazan su bienestar.
